Mes: febrero 2020

El Derecho al olvido y el de cancelación en la Ley de Protección de Datos

La Legislación sobre Protección de Datos tanto en España como en Europa da una serie de derechos

Como siempre desde Audiprodat repetimos el consejo, de que se tenga cuidado cuando algo se sube a las redes o a Internet pues va a ser complicado que desaparezca o peor que aparezca en el momento más inoportuno.
Por ejemplo, esa foto que hemos subido estando de fiesta que en proceso de búsqueda de empleo aparezca, ese comentario que hicimos en Twitter y que revela lo que pensamos o a quien apoyamos.
Estas acciones que se han comentado anteriormente han sido autorizadas y subidas de forma expresa por lo que existe una autorización.
Otro tema es si para un proceso de selección es legítimo utilizar o consultar medios como son las redes sociales, pero esto será motivo de otro post por nuestra parte.
No obstante la legislación española sobre protección de datos, especifica que la utilización de los datos de carácter personal solamente tienen que tener su fin para el los que han sido autorizados, y con el fin previsto para ello, así como por el tiempo necesario e imprescindible, por ello hay una serie de información que transcurrido cierto tiempo ya han dejado de ser correctos o para el fin en que su momento fueron facilitados, así podemos instar la eliminación de determinada información alegando la obsolescencia o la no idoneidad.
Una vez recibida la comunicación el responsable deberá eliminar los enlaces sin más dilación, esto será siempre así siempre que no afecte al derecho de la Información o de la libertad de expresión.
Realmente estaríamos ante una cancelación de la información que está publicada en redes sociales o en Internet, pero el derecho a cancelación que nos permite la legislación sobre protección de datos nos facilita que seamos conocedores de la información de carácter personal que tienen diferentes responsables, y si ya ha cumplido su fin podemos exigir la cancelación de estos.
Este derecho de cancelación tiene limitaciones cuando exista entre otros una disposición legal, el derecho a la información, por interés público con respecto a la salud pública, o durante la vigencia de una relación contractual.
Si esos datos que son objeto de cancelación y han sido publicados, el responsable del tratamiento de datos debe solicitar el derecho al olvido.
Toda la legislación sobre protección de datos parece pródiga y confusa por ello consideramos que se puede ver más claramente con un ejemplo. Así imaginemos que un ciudadano en un control de alcoholemia ha infringido la norma, por lo que ha sido sancionado, evidentemente estos datos son incorporados a una base de datos de información policial, si esta sanción llevaba aparejada una sanción económica, una vez que se haya cumplido los requisitos legales, la Administración carece de legitimidad para conservar estos datos, por lo que podemos solicitar la cancelación de los mismos.
Todo procedimiento administrativo tiene unos requisitos precisos y unos plazos, que se deben conocer, pero una vez cumplidos la Administración tiene obligación de la cancelación de esos datos por haber cumplido ya su fin.
Como hemos mencionado en varias ocasiones la legislación de datos de carácter personal tiene como objetivo la protección de datos sensibles y que estos datos tengan un fin concreto y legítimo, por lo que debemos ser muy estrictos en tener conocimiento de los datos que facilitamos, así como los datos de carácter personal que tienen los diferentes responsables, siendo conscientes y conocedores que podemos ejercitar nuestros derechos de acceso y rectificación o cancelación de estos.
Antonio García Herráiz.
Delegado de Protección de Datos.

Tranquilidad o riesgos en tu Comunidad de Propietarios.

Se suele decir que tu casa es tu castillo, pero en la mayoría de los casos tu castillo está en una Comunidad de Propietarios, y es justo por la Comunidad de Propietarios donde puedes asumir riesgos sin ser consciente de ellos.
Ante todo, debemos ser consciente que una Comunidad de Propietarios es una entidad que asume riesgos, tiene obligaciones y derechos y como tal los puede reclamar o serle exigidos. Y los propietarios de las diferentes propiedades asumen su responsabilidad con respecto a los elementos comunes que pertenecen a la Comunidad, también con respecto a las diferentes obligaciones que legalmente tiene que asumir la misma.

Con esta serie de publicaciones mi intención es informar tanto de obligaciones como derechos que tienen los diferentes propietarios y siendo conocedores de ellos los puedan exigir, lo que repercutirá en la seguridad jurídica y el mejor disfrute de cada vivienda.

Este primer artículo versará sobre las obligaciones que debe cumplir una Comunidad de Propietarios con respecto a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues la creencia general es que no se tiene que realizar ninguna acción sobre esta materia si no se tiene contratado personal, que es la circunstancia que se da en la mayoría de los casos.

Pero la Comunidad de Propietarios debe cumplir en cualquier caso la legislación sobre esta materia, pues, aunque no tenga empleados todas las comunidades tienen contratado una serie de servicios o profesionales.
Y es precisamente la coordinación de actividades, donde la Comunidad de Propietarios está obligada a cumplir la normativa sobre prevención de riesgos laborales, debiendo informar a las diferentes empresas que pongan a disposición de la Comunidad a su personal, los riesgos inherentes que existen para que las empresas sean conocedoras de ellos y adopten las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de accidente laboral.
Así mismo la Comunidad de Propietarios debe adoptar las medidas colectivas necesarias con respecto a las diferentes oficios que puedan prestar servicio en la misma.

¿Entonces que debe realizar la Comunidad?, lo primero que ha de realizar una Comunidad de Propietarios es una Evaluación de Riesgos Laborales existentes, esta tarea debe ser realizada por una Entidad de Riesgos Laborales, donde analizará los riesgos existentes para los diferentes trabajadores y aconsejará las medidas adecuadas para su corrección.

Voy a poner un ejemplo, así un edificio que tenga una cubierta de teja, posiblemente en un momento determinado esta cubierta tenga que ser revisada o restaurada, podemos entender que existen un riesgo de caída, pues la obligación de la Comunidad según manifieste la evaluación de riesgos, será poner una línea de vida, que servirá para los diferentes oficios que puedan trabajar y dar esta información a las diferentes contratas para que adapten los equipos de protección personal al riesgo existente.

Si se actúa de esta manera la Comunidad en caso de accidente laboral de un empleado de la Empresa contratada, evitará problemas pues ha cumplido la obligación de coordinación de actividades informando de los riesgos existentes.

Una evaluación de Riesgos Laborales para una Comunidad de Propietarios sin empleados se habrá de realizar una sola vez, salvo que cambien los riesgos, circunstancia que no se suele producir.
Como resumen de este artículo, diré que, por el bajo precio de una evaluación de riesgos, y por la posible exoneración de riesgos es imprescindible realizarla y no solo esto sino ponerla a disposición de todas las empresas que vayan a realizar trabajos en la Comunidad.

Por último, informaré que un accidente laboral para una comunidad puede tener una implicación penal para los responsables de la Comunidad o una responsabilidad administrativa que debe ser asumida de forma solidaria por todos los miembros de esta.

Antonio García Herráiz.
Administrador de Fincas.
Graduado Social
Delegado de Protección de Datos.
www.administracionfincas.eu

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