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La Evaluación de Riesgos aspecto fundamental en el servicio de Seguridad.

Una de las funciones principales que han de realizar las empresas de seguridad es la evaluación de riesgos que entraña la prestación de un servicio.

En el sentido anteriormente apuntado, cabe mencionar el artículo 23 del Reglamento de Seguridad Privada que menciona: “antes de formalizar la contratación de un servicio de seguridad, deberán determinar bajo su responsabilidad la adecuación del servicio a prestar respecto a la seguridad de las personas y bienes protegidos, así como la del personal de seguridad que haya de prestar el servicio, teniendo en cuenta los riesgos a cubrir, formulando, en consecuencia, por escrito, las indicaciones procedentes.”

Con un análisis detallado de la relación que se da en este artículo, podemos inferir que no solamente es conseguir por parte de una empresa con un servicio, sino que se tiene que realizar por el Jefe o Director de seguridad de la Empresa, como responsables finales ante la autoridad gubernativa; un análisis de los riesgos inherentes a la prestación de los servicios, así en base a este estudio se valorará el equipo humano necesario, así como los medios con los que ha de contar el personal de seguridad privada.

Los responsables de la empresa de seguridad han de coordinar con la empresa titular del servicio, los riegos de carácter laboral, y en base a esta evaluación adoptar aquellas medidas preventivas inherentes al servicio, así como la entrega de los equipos de protección individual que sean necesarios en base a los riesgos preexistentes o futuros.

En base a la evaluación de riesgos coordinado entre ambas entidades, ha de llevar aparejado el conocimiento por parte del personal de seguridad, de los planes de evacuación de cada establecimiento donde se preste servicio; no hay que olvidar que el personal de seguridad privada, entre sus funciones se encuentra la protección de las instalaciones y de la seguridad de las personas bajo su protección.

El jefe de seguridad y con la nueva Ley de Seguridad Privada, también el Director de Seguridad, son las personas que deberán autorizar los elementos de protección y defensa a aplicar en base a los riesgos del servicio, estas medidas como ya hemos adelantado han de venir dadas por parte de la evaluación de riesgos que se ha de realizar.

Otro aspecto que me gustaría resaltar es las funciones que han de realizar los responsables de los departamentos de seguridad, como son los Directores de Seguridad, así la nueva ley de seguridad privada establece en su artículo 36) “ b) La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio”

Pues bien un aspecto que normalmente no se tiene en cuenta, es la evaluación de riesgos climatológícos o geológicos y la coordinación de esta información con los planes de Protección Civil de cada Ayuntamiento, en base a ellos obtendremos planes de contingencia y continuidad de negocio.

Por último y para terminar este artículo, quiero recordar los planes de contingencia que se han tenido que realizar teniendo como motivo la pandemia Covid-19, estoy convencido que en muy pocos departamentos de seguridad se ha previsto esta eventualidad como ha sido la disminución de plantilla y la seguridad de la información que ha podido estar en peligro por la utilización del teletrabajo.

En definitiva la Seguridad privada ha de ser y sobre todo demostrar que es un servicio estratégico y por tanto esencial en nuestra sociedad, para ello debemos colaborar todo el personal de seguridad privada.

Antonio García.

Director de Seguridad

Prevencionista de Riesgos Laborales.

Filomena y las comunidades de Propietarios

Estimados vecinos normalmente suelo realizar un pequeño artículo sobre diferentes temas vinculadas con la Administración de Fincas o con diferentes cuestiones sobre seguridad; pero en esta ocasión me ha parecido interesante hablar de Filomena y las comunidades de propietarios.

El primer punto que quiero mencionar es que normalmente en todas las ordenanzas de Policía y buen Gobierno de cada ayuntamiento, se menciona la forma de actuar de los propietarios en relación a una posibles nevada.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón no cuenta con esta ordenanza pues las actuaciones de la policía municipal se encuentran dispuestas en varias ordenanzas, así en la ordenanza de limpieza establece en su artículo 38 donde se establecen las Obligaciones y deber de colaboración, concretamente en su punto c. «En caso de nevada, quienes habiten en fincas urbanas y quienes tengan a su cargo la limpieza de edificios públicos y establecimientos de toda índole, deberán colaborar en la retirada de hielo y nieve de las aceras en la longitud correspondiente a su fachada, y en una anchura mínima de dos metros, si la acera es de mayor ancho, depositando la nieve o hielo recogido a lo largo del borde de la acera. «.

Pues bien, las comunidades normalmente tienen contratado un servicio de limpieza, y entiendo que este servicio el que debe realizar las tareas especificadas en el artículo referenciado, no obstante, y para que no exista ningún problema con la interpretación contractual, el responsable de la gestión de la Comunidad como conocedor de esta ordenanza ha de haber contemplado esta circunstancia. Evidentemente el incumplimiento de una ordenanza municipal puede acarrear a la comunidad la correspondiente sanción administrativa, que recaería en la Comunidad de Propietarios, y posteriormente esta tendría que estudiar una repercusión al responsable del incumplimiento.

En relación a los seguros comunitarios, recordar que esta cobertura debe estar específicamente cubierta para que se pueda solicitar el resarcimiento del daño causado, normalmente se encuentra dentro de daños climatológicos, pero ojo hay que ver qué tipo de daños cubre, pues los enumera exhaustivamente.

En relación con los seguros se pueden dar diferente casuística, por ejemplo, que dentro de las instalaciones se produzca un daño, la Comunidad habrá de demostrar que ha realizado todas aquellas labores para evitarlo, por ejemplo, que se haya limpiado la nieve, y haber esparcido el correspondiente fundente, quiero recordar que los distintos ayuntamientos reparten sal para realizar estas tareas, así Pozuelo ha puesto a disposición de los vecinos 6 puntos de distribución.

Recordar que en materia de seguros los propios vecinos son terceros con respecto al seguro de la Comunidad, por tanto, cualquier daño que sufra un propietario dentro la comunidad puede reclamar la Responsabilidad Civil de la Comunidad.

Con respecto a la nevada, hay que recordar que después de ella viene el deshielo lo que puede llevar acarreado el desborde de sumideros y las consecuentes filtraciones, para que los seguros se hagan cargo de ello hay que tener en cuenta que los sumideros deben estar en perfecto estado y que se ha procedido a su limpieza, muchas veces estos sumideros se encuentran llenos de hojas y broza.

Para terminar este artículo poner de manifiesto que las autoridades municipales también son responsables de sus instalaciones, por ello si por desperfecto, falta de mantenimiento o conservación, se produce cualquier accidente, se les puede reclamar una por responsabilidad de las Administraciones públicas, y solicitar la correspondiente indemnización.

Por todo lo expuesto es importante saber cómo propietarios que contamos con todos los aspectos de la Comunidad debidamente gestionados, al objeto de tener tranquilidad y no encontrarnos con sorpresas desagradables.

Antonio García Herráiz.

La Seguridad Privada como servicio esencial

Los servicios esenciales son todos aquellos cuya interrupción o destrucción pueden tener una repercusión importante en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos, pues bien, la mayoría de las instalaciones que albergan el desarrollo de estas actividades están obligadas a disponer de un servicio de seguridad.

El real decreto 524/2002 sobre servicios mínimos, por el que se garantiza la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada en situaciones de huelga, enumera prácticamente todos los sectores que se consideran imprescindibles para la sociedad y que se relacionan en la Ley sobre protección de las infraestructuras críticas.

Pues bien, siendo la seguridad privada una actividad totalmente regulada que se orienta a la protección de aquellos servicios necesarios e imprescindibles para el buen desarrollo de la actividad económica y el desarrollo normalizado de la ciudadanía, no es para nada reconocida tanto en los medios de comunicación como por parte de las diferentes autoridades y por ende por la ciudadanía.

España está sufriendo desde marzo del año 2020 una pandemia que ha obligado a adecuar y adaptarse a esta circunstancia, como se ha comprobado no ha existido desabastecimiento, prestándose con toda normalidad los servicios en las instalaciones administrativas, hospitalarias y aquellas otras imprescindibles, pues bien, para que esto se esté pudiendo llevar a cabo ha sido imprescindible el trabajo del personal de seguridad privada.

El convenio de seguridad privada actualmente en vigor establece que no se podrá abandonar el puesto de trabajo por parte del personal de seguridad privada hasta que no haya llegado el relevo, lo que en otras actividades el mantenimiento de la actividad es voluntarista en el caso que nos ocupa es una obligación.

El pasado viernes se produjo una alerta roja en la Capital de España por fuertes nevadas, lo que ha llevado aparejado a que el fin de semana no se hayan podido abrir, gasolineras, establecimientos comerciales y otro tipo de actividades, pues bien, aquellas instalaciones en las que tuvieran contratada seguridad privada han sido debidamente custodiadas y protegidas y según me consta con un gran esfuerzo personal de los correspondientes hombres y mujeres que estaban realizando estos servicios.

Quiero recordar que tanto la Ley de seguridad privada, como el reglamento de seguridad privada establece dentro de las funciones del Jefe de Seguridad la coordinación de actividades en materia de protección civil, con la autoridad correspondiente.

En ningún momento nos podemos imaginar, que una central nuclear, un depósito de combustible o una plataforma de distribución de alimentos entre otras muchas instalaciones, no estén debidamente custodiadas, o que no tengamos seguridad que el equipaje que viaja en nuestro avión no haya sido debidamente revisado, tanto es así que hemos normalizado esta situación, y lo que debemos saber como ciudadanos y dar a conocer como profesionales que detrás de esta normalidad se encuentra el personal de seguridad privada.

Pues bien, todos aquellos políticos que han tenido presencia en los medios de comunicación y han dado las gracias a todos aquellos estamentos y profesionales que han participado en esta emergencia climática o bien que están desempeñando su función en minimizar los efectos de la pandemia, en ningún momento han mencionado al sector de la Seguridad Privada.

Por ello quiero resaltar en este artículo el trabajo de todo el personal de seguridad privada y reivindicar esta profesión, y solicitar tanto a organizaciones empresariales y representante de los trabajadores, que hagan todo lo posible para que la imagen de la profesión tenga un amplio reconocimiento social y destaquen su importancia.

Requisitos exigidos por la AEPD para designación de Delegado Protección de Datos

En relación con su consulta, recordar antes de nada que es el responsable del tratamiento quien está obligado a garantizar y ser capaz de demostrar que el tratamiento se realiza de conformidad con el RGPD, incluida la obligación de designar un DPD en los casos que sean preceptivos; esto es, el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos es responsabilidad del responsable del tratamiento, entre ellas las que se impone en relación con las funciones del DPD y su capacitación profesional.

En este sentido, el artículo 5.2 del RGPD establece que:

«El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 [Principios relativos al tratamiento] y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»)».

El DPD es uno de los elementos clave del RGPD, como garante del cumplimiento de la normativa de protección de datos en las organizaciones. Conocido también como DPO (en inglés, Data Protection Officer), deberá contar con conocimientos especializados del Derecho y la práctica de la protección de datos y actuará de forma independiente. Se le atribuyen una serie de funciones reguladas en el artículo 39 del RGPD, entre las que destacan informar y asesorar; así como supervisar el cumplimiento del citado RGPD por parte del responsable o encargado. No obstante,
lo anterior conviene precisar que el RGPD no exige que deba ser un jurista, ni que esté certificado, pero sí que cuente con ese conocimiento en Derecho anteriormente citado, de acuerdo con lo estipulado en el apartado 5 del artículo 37; pudiendo ser interno o externo, persona física o persona jurídica especializada en esta materia.

La función del DPD puede ejercerse por lo tanto también en el marco de un contrato de servicios suscrito con una persona física o con una organización ajena a Ia organización del responsable o del encargado del tratamiento. En el caso de un DPD interno es fundamental que «cada miembro de la organización» que ejerza las funciones de DPD cumpla todos los requisitos aplicables de la sección 4 del RGPD, siendo fundamental que nadie tenga un conflicto de intereses y posea la capacitación necesaria citada para ejercer las funciones del puesto.

Puede serle de utilidad asimismo la información disponible en el enlace más abajo detallado, en relación con la obligatoriedad o no de la certificación en el supuesto de un DPD (ya sea interno o externo o de designación obligatoria o voluntaria), precisando que para poder ejercer como DPD no es necesario estar certificado:

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-decumplimiento/delegado-de-proteccion-de-datosicertificacion

En definitiva, aunque esta certificación no es obligatoria para poder ejercer como DPD y se pueden ejercer sus funciones propias sin estar certificado bajo éste o cualquier otro esquema, la AEPD ha considerado necesario ofrecer un punto de referencia sobre los contenidos y elementos de un mecanismo de certificación que pueda servir como garantía para acreditar la cualificación y capacidad profesional de los candidatos a DPD. Es por ello que la AEPD ha desarrollado, en colaboración con ENAC, un esquema de certificación de personas destinado a definir el peffil de estos profesionales. Este esquema sigue los criterios internacionales de certificación de personas conforme a la norma ISO 17024 y las entidades de certificación acreditadas por ENAC otorgaran al profesional un certificado que implica un reconocimiento de que tiene las competencias adecuadas para el desarrollo de sus funciones de conformidad con el RGPD siempre y cuando con carácter previo cumpla con unos requisitos y supere un examen. Esta certificación de delegados de protección de datos, se reitera, es voluntaria.

Por último, recordar que el artículo 83.4 del RGPD establece que el incumplimiento del artículo 37 por parte de un responsable (o de un encargado, si fuere el caso) podría tener las consecuencias que en este mismo artículo 83 se determinan, así como lo establecido a su vez en el artículo 58, en especial su apartado 2.i).
Atentamente.

Nuevo canal de comunicación.

A partir de ahora también tendremos un nuevo canal de comunicación en ecosierra Tv., en éste programa se irán analizando diferentes problemáticas que afectan a las Comunidade de Propietarios.

Iré informando de los temas que se tratarán a través de esta nueva plataforma.

 

 

 

Las comunidades de propietarios tras la situación de alarma

En el

En el boletín oficial del Estado del día de hoy 10/06/2020 se regulan una serie de medidas que afectan a las comunidades de propietarios tras la situación de alarma, que en el fondo no es más que actuar en las diferentes comunidades a partir de este momento, con responsabilidad y el sentido común.

Debemos considerar que la comunidad de propietarios dentro de sus espacios comunes no se puede considerar como privativos, por ello se han de adoptar las medidas comunes de distancia de seguridad y en su caso la utilización de las medidas preventivas, como es el uso de mascarilla, así en la utilización de los ascensores al ir más de una persona, se han de utilizar por los usuarios las correspondientes mascarillas.

Pero las normas especificadas también afectan a las piscinas o zonas de esparcimiento de las comunidades de propietarios, donde se han de respetar las medidas correspondientes de sanidad, así como de desinfección.

Otro punto que quiero resaltar es la coordinación de actividades entre los empleados de empresas que presten servicio en la comunidad; en artículos anteriores he manifestado la necesidad del cumplimiento de las medidas de prevención y coordinación de actividades entre la Comunidad y las diferentes contratas, todo ello en cumplimiento de la legislación sobre protección de prevención de riesgos laborales.

Así el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio establece la obligatoriedad de proveer a trabajadores de medios de desinfección y protección, por ello las diferentes contratas han responsabilizarse de estas obligaciones., pero por otro lado la Comunidad debe dotar de todos los medios adecuados para las correspondientes medidas de desinfección de los puestos de trabajo, así como habilitar las medidas correspondientes de seguridad en caso de no poder evitar el distanciamiento, como pueden ser la instalación de mamparas, por ser medidas de prevención de carácter colectivo.

Dentro de los elementos comunes de las comunidades se han de extremar las medidas de desinfección como pueden ser ascensores, barandillas, pulsadores, bancos, etc, previendo el correspondiente presupuesto o negociaciones con las empresas proveedores para cumplir los requisitos exigidos.

Si la comunidad de propietarios posee centro o club social, tendrá que obligar al explotador en su caso, del cumplimiento de las medidas de distanciamiento correspondientes, que como marca el Real Decreto son de 1,5 metros de distancia, así como evitar aglomeraciones.

Mención específica hay que realizar en las comunidades con piscina, los responsables de la Comunidad han de tener clara cuales son las funciones de cada cual, por ello quiero poner en contexto las funciones del socorrista, cuya misión ha de ser exclusivamente la de salvaguardar la salud y la vida de las personas en el vaso de la piscina y perímetro de la misma, así el convenio con respecto a este profesional específica “No abandonar el puesto de vigilancia bajo ningún pretexto, excepto en caso de atender a un accidentado o siendo relevado por otro técnico de salvamento, pero siempre comunicándolo al encargado nombrado por la empresa.”

La única vinculación del socorrista en relación con el Real Decreto que se está analizando son las labores de limpieza de pediluvios o vigilancia de la salubridad del agua en relación a las recomendaciones que puedan realizar las autoridades sanitarias en cada momento.

Por ello el socorrista no puede ser el “encargado” de ser responsable del aforo máximo o de cumplir las distancias de seguridad.

Quiero recordar que los responsables de la Comunidad han de ser diligentes en el cumplimiento de unas obligaciones que, aunque temporales, no les pueden ocasionar perjuicios y responsabilidades bien por desconocimiento o negligencia, por ello es importante contar con el debido asesoramiento de profesional competente, pues el mismo Decreto Ley especifica “se puedan elaborar o activar planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias”, por ello habrá que estar siempre debidamente informado sobre posibles modificaciones.

Antonio García Herráiz.

Administrador de Fincas.

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