El Derecho al olvido y el de cancelación en la Ley de Protección de Datos

El Derecho al olvido y el de cancelación en la Ley de Protección de Datos

La Legislación sobre Protección de Datos tanto en España como en Europa da una serie de derechos

Como siempre desde Audiprodat repetimos el consejo, de que se tenga cuidado cuando algo se sube a las redes o a Internet pues va a ser complicado que desaparezca o peor que aparezca en el momento más inoportuno.
Por ejemplo, esa foto que hemos subido estando de fiesta que en proceso de búsqueda de empleo aparezca, ese comentario que hicimos en Twitter y que revela lo que pensamos o a quien apoyamos.
Estas acciones que se han comentado anteriormente han sido autorizadas y subidas de forma expresa por lo que existe una autorización.
Otro tema es si para un proceso de selección es legítimo utilizar o consultar medios como son las redes sociales, pero esto será motivo de otro post por nuestra parte.
No obstante la legislación española sobre protección de datos, especifica que la utilización de los datos de carácter personal solamente tienen que tener su fin para el los que han sido autorizados, y con el fin previsto para ello, así como por el tiempo necesario e imprescindible, por ello hay una serie de información que transcurrido cierto tiempo ya han dejado de ser correctos o para el fin en que su momento fueron facilitados, así podemos instar la eliminación de determinada información alegando la obsolescencia o la no idoneidad.
Una vez recibida la comunicación el responsable deberá eliminar los enlaces sin más dilación, esto será siempre así siempre que no afecte al derecho de la Información o de la libertad de expresión.
Realmente estaríamos ante una cancelación de la información que está publicada en redes sociales o en Internet, pero el derecho a cancelación que nos permite la legislación sobre protección de datos nos facilita que seamos conocedores de la información de carácter personal que tienen diferentes responsables, y si ya ha cumplido su fin podemos exigir la cancelación de estos.
Este derecho de cancelación tiene limitaciones cuando exista entre otros una disposición legal, el derecho a la información, por interés público con respecto a la salud pública, o durante la vigencia de una relación contractual.
Si esos datos que son objeto de cancelación y han sido publicados, el responsable del tratamiento de datos debe solicitar el derecho al olvido.
Toda la legislación sobre protección de datos parece pródiga y confusa por ello consideramos que se puede ver más claramente con un ejemplo. Así imaginemos que un ciudadano en un control de alcoholemia ha infringido la norma, por lo que ha sido sancionado, evidentemente estos datos son incorporados a una base de datos de información policial, si esta sanción llevaba aparejada una sanción económica, una vez que se haya cumplido los requisitos legales, la Administración carece de legitimidad para conservar estos datos, por lo que podemos solicitar la cancelación de los mismos.
Todo procedimiento administrativo tiene unos requisitos precisos y unos plazos, que se deben conocer, pero una vez cumplidos la Administración tiene obligación de la cancelación de esos datos por haber cumplido ya su fin.
Como hemos mencionado en varias ocasiones la legislación de datos de carácter personal tiene como objetivo la protección de datos sensibles y que estos datos tengan un fin concreto y legítimo, por lo que debemos ser muy estrictos en tener conocimiento de los datos que facilitamos, así como los datos de carácter personal que tienen los diferentes responsables, siendo conscientes y conocedores que podemos ejercitar nuestros derechos de acceso y rectificación o cancelación de estos.
Antonio García Herráiz.
Delegado de Protección de Datos.

Tranquilidad o riesgos en tu Comunidad de Propietarios.

Se suele decir que tu casa es tu castillo, pero en la mayoría de los casos tu castillo está en una Comunidad de Propietarios, y es justo por la Comunidad de Propietarios donde puedes asumir riesgos sin ser consciente de ellos.
Ante todo, debemos ser consciente que una Comunidad de Propietarios es una entidad que asume riesgos, tiene obligaciones y derechos y como tal los puede reclamar o serle exigidos. Y los propietarios de las diferentes propiedades asumen su responsabilidad con respecto a los elementos comunes que pertenecen a la Comunidad, también con respecto a las diferentes obligaciones que legalmente tiene que asumir la misma.

Con esta serie de publicaciones mi intención es informar tanto de obligaciones como derechos que tienen los diferentes propietarios y siendo conocedores de ellos los puedan exigir, lo que repercutirá en la seguridad jurídica y el mejor disfrute de cada vivienda.

Este primer artículo versará sobre las obligaciones que debe cumplir una Comunidad de Propietarios con respecto a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues la creencia general es que no se tiene que realizar ninguna acción sobre esta materia si no se tiene contratado personal, que es la circunstancia que se da en la mayoría de los casos.

Pero la Comunidad de Propietarios debe cumplir en cualquier caso la legislación sobre esta materia, pues, aunque no tenga empleados todas las comunidades tienen contratado una serie de servicios o profesionales.
Y es precisamente la coordinación de actividades, donde la Comunidad de Propietarios está obligada a cumplir la normativa sobre prevención de riesgos laborales, debiendo informar a las diferentes empresas que pongan a disposición de la Comunidad a su personal, los riesgos inherentes que existen para que las empresas sean conocedoras de ellos y adopten las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de accidente laboral.
Así mismo la Comunidad de Propietarios debe adoptar las medidas colectivas necesarias con respecto a las diferentes oficios que puedan prestar servicio en la misma.

¿Entonces que debe realizar la Comunidad?, lo primero que ha de realizar una Comunidad de Propietarios es una Evaluación de Riesgos Laborales existentes, esta tarea debe ser realizada por una Entidad de Riesgos Laborales, donde analizará los riesgos existentes para los diferentes trabajadores y aconsejará las medidas adecuadas para su corrección.

Voy a poner un ejemplo, así un edificio que tenga una cubierta de teja, posiblemente en un momento determinado esta cubierta tenga que ser revisada o restaurada, podemos entender que existen un riesgo de caída, pues la obligación de la Comunidad según manifieste la evaluación de riesgos, será poner una línea de vida, que servirá para los diferentes oficios que puedan trabajar y dar esta información a las diferentes contratas para que adapten los equipos de protección personal al riesgo existente.

Si se actúa de esta manera la Comunidad en caso de accidente laboral de un empleado de la Empresa contratada, evitará problemas pues ha cumplido la obligación de coordinación de actividades informando de los riesgos existentes.

Una evaluación de Riesgos Laborales para una Comunidad de Propietarios sin empleados se habrá de realizar una sola vez, salvo que cambien los riesgos, circunstancia que no se suele producir.
Como resumen de este artículo, diré que, por el bajo precio de una evaluación de riesgos, y por la posible exoneración de riesgos es imprescindible realizarla y no solo esto sino ponerla a disposición de todas las empresas que vayan a realizar trabajos en la Comunidad.

Por último, informaré que un accidente laboral para una comunidad puede tener una implicación penal para los responsables de la Comunidad o una responsabilidad administrativa que debe ser asumida de forma solidaria por todos los miembros de esta.

Antonio García Herráiz.
Administrador de Fincas.
Graduado Social
Delegado de Protección de Datos.
www.administracionfincas.eu

La seguridad en las Comunidades de Propietarios.

Cuando se habla de la seguridad en las comunidades de propietarios siempre pensamos como es normal en la seguridad física, esto es evitar robos o diferentes actos delictivos, pero es necesario especificar que aunque hay varias definiciones de seguridad, podemos estar de acuerdo que la seguridad es la falta de inseguridad, y ello es fácil de demostrar si se hace todo lo posible para evitar un riesgo, no pudiendo descartar accidentes que en ningún caso se podían tener controlados, y si esto sucede estarían las diferentes coberturas de los seguros.

Pero desde Administracionfincas.eu, queremos transmitir un concepto de seguridad integral para las Comunidades de Propietarios, una conciencia común sobre estos preceptos, que no es más que cumplir la legislación que vincula y obliga a todas las Comunidades, por ello es interesante que analicemos detenidamente la legislación que obligan a las comunidades y la repercusión puede tener el incumplimiento de esta.

Visualización de Cámaras de Seguridad por personal que no esta habilitado como vigilantes Seguridad o bien realizar estas funciones sin la autorización correspondiente,   o no pertenecen a una Empresa de Seguridad, ante este hecho la comunidad estaría incumpliendo,  pues se está haciendo una usurpación de funciones, así el art. 59 de la Ley de seguridad Privada especifica “Infracción muy grave a) La contratación o utilización a sabiendas de los servicios de empresas de seguridad o despachos de detectives carentes de la autorización específica o declaración responsable necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada”; lo que lleva aparejado la aplicación del artículo “63 del mismo cuerpo legal  a) Multa de 20.001 a 100.000 euros.”

No cumplir la legislación sobre prevención de riesgos laborales, esta situación es muy habitual en la mayoría de las Comunidades de Propietarios, la creencia general es que no es necesario realizar ninguna acción sobre prevención de riesgos laborales si no se tienen contratado empleados. La legislación sobre prevención de Riesgos Laborales especifica la coordinación de actividades entre empresas, así la Comunidad tienen obligación de informar de los riesgos potenciales que existen en la Comunidad, al objeto de que la Empresa que vaya a realizar alguna tarea sea conocedora de ello y tome las medidas oportunas. Para cumplir este punto habría que realizar una evaluación de riesgos, que para el caso de las Comunidades es una vez en la vida.

El incumplimiento de la Legislación sobre Prevención de Riesgos Laborales en caso de accidente laboral puede acarrear importantes sanciones en la vía Administrativa e incluso en la vía penal.

No cumplir la legislación sobre Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018 establece importantes sanciones por el incumplimiento de la legislación sobre esta materia, hay que recordar que la Comunidad de Propietarios es la responsable de los datos de carácter personal de los que son conocedores, por ello la Comunidad deberá verificar el buen uso de estos.

Las Comunidades de Propietarios facilitan datos de morosos en carteles en los portales, así como diferente difusión, o bien la observación de las cámaras de seguridad, lo que puede acarrear una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, en este punto especificar que las sanciones son bastante importantes remitiéndose al Reglamento para su aplicación, por tanto, las autoridades inspectoras valorarán el incumplimiento, la difusión y el daño causado.

Por último, hay que recordar que la Comunidad es la principal entidad objeto de sanción, pero no hay que olvidar que los propietarios participan en su correspondiente coeficiente al pago de las sanciones, pudiendo incurrir en una responsabilidad personal con la posibilidad de embargo de bienes.

Antonio García Herráiz.

Administrador de Fincas.

Delegado de Protección de Datos.

www.administracionfincas.eu

Video-Vigilancia en las Comunidades de Propietarios

Gran parte de la población española vive en Comunidad de Propietarios, y cada vez es más frecuente en las instalaciones comunitarias se pongan elementos de video-vigilancia,  como Administrador de Fincas se me han pedido varias veces mi opinión sobre la legalidad  de estos dispositivos, espero que este pequeño artículo aclare esta cuestión.

El primer caso que tenemos que analizar es si la instalación de la videovigilancia se encuentra incluido en los estatutos de la Comunidad como un servicio común más, con la legislación del año 2000 sobre edificación se establecen unos sistemas tecnológicos a aplicar en las viviendas, por ello se puede dar esta circunstancia se haya previsto este servicio como comunitario, si así fuera simplemente habría que aceptar el presupuesto de mantenimiento en caso de estar instalada o el presupuesto para instalarla en caso de que no lo estuviera, pues el consentimiento se encuentra en los Estatutos de la Comunidad.

En caso de que no se contemplara este servicio en la comunidad (la video-vigilancia), se tendría que aprobar su instalación por mayoría de las comunidad, pues la instalación se debe considerar como necesaria para la seguridad de los elementos comunes de la comunidad y de los propietarios de la comunidad.

Que tipo de mayoría es necesaria para adoptar esta medida,  a mi modo de entender se podían dar dos circunstancias:

1ª) las 3/5 partes de las mayorías correspondientes pues según regula el artículo 17.3 que especifica que “El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, supongan o no modificación del título constitutivo o los estatutos.”

2º) la mayoría de los propietarios,  en caso de que la comunidad contara con servicios de seguridad (portero, conserje, vigilante de seguridad o controlador).

Independientemente de las mayorías necesarias en el acuerdo a adoptar sería interesante especificar el motivo de la instalación, su necesidad, el número de cámaras a instalar, personas designadas para el acceso a las imágenes.

Tomado el acuerdo vamos a analizar las consecuencias legales del mismo.

1º) Para la instalación de las videocámaras no sería necesario que se contara con una empresa de seguridad inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad, si no se va a conectar con una central receptora.

Pero aconsejo a efectos jurídicos posteriores que si lo sea por una Empresa de Seguridad homologad, a que nos garantizará la utilización legal posterior de lo grabado. (obtención de las imágenes y su posterior entrega a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, manteniendo en todo caso la cadena de custodia).

2º) Hay que cumplir los requisitos establecidos en la Legislación sobre Protección de Datos, hay que recordar que el Responsable del fichero de las imágenes grabadas lo será la Comunidad de propietarios.

La Comunidad como responsable deberá informar por medio de un cartel homologado que se está entrando en un espacio donde existe videograbación por lo que el mero hecho de entrar ya está dando la autorización para la inclusión de su imagen en fichero de videograbación.

3º) Habrá que firmar un contrato de tratamiento de imágenes con la empresa de mantenimiento o de seguridad al objeto de garantizar la confidencialidad y el buen uso de los datos de los que la Comunidad es propietaria.

4º) Los sistemas de videograbación no pueden tener almacenadas imágenes por un periodo de más de 30 días, salvo que haya existido una utilización legal de las mismas (denuncias, requerimientos).

5º) Los datos únicamente serán cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

6º) La visualización de las imágenes únicamente lo pueden ser por las personas autorizadas.

7º) En relación a la visualización por Controladores, se podía incurrir en una infracción de la legislación de Seguridad Privada, (en un trabajo posterior se desarrollara esta afirmación)

8º) Las cámaras solamente podrán visualizar los elementos comunes de la finca y en ningún caso la vía pública salvo una franja mínima en caso de acceso al inmueble

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